Cuando la Iglesia Evangélica Española solicita del Estado Español una pensión de jubilación para los pastores que ejercieron su ministerio durante el régimen franquista, no está pidiendo una limosna, ni un trato de favor, sino un acto de justicia. La discriminación de la que fueron objeto los pastores protestantes durante 40 años, justifica sobradamente que se haga reparación de las injusticias que sufrieron durante todo este tiempo. Son hombres que dedicaron todo su tiempo y energías a la predicación del evangelio en circunstancias de máxima marginalidad. Por mucho que lo intentaron, jamás tuvieron un reconocimiento oficial y nunca se les permitió integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social. Estuvieron siempre socialmente desprotegidos: sin derecho a la sanidad ni a las ventajas de unos seguros sociales que sí estaban abiertos a otros estamentos de la sociedad. Pero en España, “unidad de destino en lo universal y reserva espiritual de Occidente”, no podía haber pastores evangélicos. Había que preservar la unidad católica del país. Y esto, Franco lo hizo a conciencia, pisoteando siempre que fue necesario los derechos humanos.
Pasados los años de la intolerancia y ya en plena democracia, parecía que había llegado el momento de corregir injusticias del pasado y poner remedio a males que aquejaban a nuestra sociedad. Y así, efectivamente, se fueron corrigiendo situaciones creadas, especialmente en el caso de sacerdotes católicos que se habían secularizado. También llegó, aunque mucho más tarde, el turno a los pastores protestantes. Sin embargo, en este caso, no se llegó a cubrir todos los supuestos en los que se percibía discriminación en cuanto a los derechos de los ciudadanos españoles. Los pastores que, por la injusta legislación franquista, no pudieron cotizar a la Seguridad Social, no han tenido ninguna puerta abierta para encontrar un camino hacia la solución de su precaria situación económica. Las numerosas conversaciones tenidas con las autoridades competentes no han producido otra cosa que buenas palabras y buenas intenciones, pero ningún resultado práctico y esto que llevamos ya más de 30 años de democracia.
La imposibilidad de encontrar una solución en el país, llevó a la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, planteando un caso concreto que debería ser precedente para otros similares. Naturalmente todavía no hay un pronunciamiento oficial de este tribunal sobre el asunto, pero la buena noticia es que ha sido admitido a trámite, lo que significa que, a su juicio, hay indicios de discriminación por motivos de afiliación religiosa que deben ser aclarados. El Tribunal asimismo ha invitado al Gobierno español a que llegue a un acuerdo amigable y que informe al Tribunal antes del próximo 22 de junio.
No sabemos como terminará este asunto, pero queremos dejar bien claro que lo que la Iglesia Evangélica Española pide para los pastores jubilados y sus viudas no es un privilegio, sino un derecho. Somos una muy pequeña minoría y lo que pedimos es económicamente insignificante para la economía del país, por lo que no debería ser tan difícil encontrar una solución. Pero, sobre todo, lo que nos importa es defender los derechos de aquellos que sirvieron fielmente en la Iglesia en tiempos de intolerancia y exigir justicia a todos los niveles.
